viernes, 30 de marzo de 2012

REFORMA AGRÍCOLA COLOMBIANA


Entre 1968 y 1974 pareció consolidarse un proceso de redistribución de la tierra, que fue acelerado primero por la presión del movimiento campesino, Indígena y  Afrocolombiano por  reforma agraria integral contra los grandes propietarios, reforma paralizada por el Acuerdo de Chicoral de 1972 y la ley 4ª de 1973,  Desde 1975 el modelo comenzó a fallar por los altos costos y la falta de voluntad política y  se impusieron los cultivos ilegales comenzaron a crecer fundamentalmente en las zonas de colonización, en las cuales se suponía que los campesinos, indígenas y afrocolombianos resolverían sus problemas a falta de reforma agraria.




Hoy nos encontramos ante unas cifras impresionantes de pobreza, según la CEPAL el 56.3% de los colombianos es decir unos 22.6 millones de personas se encuentran bajo línea de pobreza, es decir que reciben menos de $110.000 al mes. En las zonas urbanas se encuentran bajo esta línea un 47.2% y en las rurales el 79.6%.
Luego, desde la segunda mitad de los años ochenta cuando Colombia inicia la aplicación del modelo neoliberal, el país ha sufrido profundos cambios estructurales en el ámbito macroeconómico con castratroficos costos sociales.
Lo anterior se agudiza si comparamos como está nuestro país en empleo: siete y medio millones de campesinos y cuatro millones de trabajadores urbanos, se encuentran sin empleo. De los catorce y medio millones de la población económicamente activa, ubicamos tres millones en la miseria absoluta. 
Unido a lo anterior, se tiene la pérdida de 820.000 hectáreas en área cultivada en lo corrido de la década, el paso de un 4.2% de crecimiento en el lustro de 1986 - 1.989, a apenas un 2.0% en el período 1990 - 1998, y un desbalance comercial del 10.7% en exportaciones contra un 50.1% en importaciones.
Tenencia de tierra: Después de 38 años de una precaria reforma agraria en Colombia, encontramos que la tierra, el principal activo de producción agrícola, se encuentra concentrada en pocas manos, 12000 propietarios (el 0.6% del total) son dueños de 10 millones de hectáreas (el 20% del total de tierra agropecuaria), y el 82.4% de los predios rurales del país que son minifundios solo ocupan el 15.6% del área rural del país.   A lo anterior se agrega: la carencia de tecnología apropiada y viable económicamente para los campesinos, indígenas y afrocolombianos, la falta de acceso a la infraestructura económica, la baja cobertura de servicios públicos, la baja cobertura del crédito institucional, que solo cubre el 24% de la demanda potencial de los pequeños productores, y que gracias a la suspensión del crédito de fomento (subsidiado) en obediencia a la política neoliberal han tenido las mismas características que para la industria, lo cual ha conllevado a la pérdida de cosechas  debido a los bajos precios pagados al productor nacional.

Para los campesinos, indígenas y afrocolombianos, la tierra no solo representa un insumo productivo, sino que además es la base de la sociedad por cuanto allí se integra la familia campesina a través del trabajo familiar en la finca.
Por lo anterior, se hace cada día más relevante una reforma agraria estructural, que redistribuya no solo la tierra, sino que además lo haga con el acceso a los créditos subsidiados, la tecnología, salud, educación, recreación, deporte y demás elementos que necesita una reforma agraria integral dentro de la frontera agrícola.

El Desplazamiento




No podemos pasar por alto un fénomeno que hoy se presenta fundamentalmete en nuestras comunidades rurales y que como vemos a continuación: el pueblo Campesino, Indígena y las Comunidades Afrocolombianas representadas en sus Organizaciones sociales, son en última instancia quienes ponemos los Desplazados, los muertos, huérfanos, viudas y en fín el desarraigo total de nuestras tierras, obedeciendo a una política definida de intereses de las Multinacionales, Terratenientes, Narcotraficantes y estructuras de dominación y egemonías políticas que financiando al paramilitarismo agudizan la guerra, para desocupar el campo, razón por la cual reíteramos el rechazo al Plan colombia que junto a los Megaproyectos se convierten en la más brutal contrareforma agraria en Colombia,.
La política rentista así como la imponen no solo desocupa el campo, sino que masacra a su pueblo, acaba con la biodiversidad, cultural, natural y ambiental y atenta contra la Seguridad Alimentaria y los Derechos Humanos de los Pueblos. 
 En consecuencia las estimaciones sobre el acumulado de población desplazada desde 1985 hasta 1999 supera el 1.700.000 personas"  y según último dato del Encuentro Nacinal de desplazados supera los dos millones (2´000.000).

La Mujer Rural 





  Mención especial nos merece  la situación de la mujer rural sometida a las injusticias del modelo económico, desconociéndose su aporte cultural, social, en seguridad alimentaria a la nación con su trabajo, y por su condición de mujer trabajadora y madre, doblemente  explotada y golpeada por la violencia.
Agudizandoce su situación al ser asesinada junto a sus comapañeros, le están cobrando su actitud solidaria con los desplazados y su postura de defensa de los Derechos Humanos, fundamentalmente se han ensañado contra las mujeres organizadas que junto al hombre reívindican los derechos, sociales, políticos y económicos, con lo que es evidente no confundir los términos ya que la lucha es contra el hambre y no contra el hombre.



         PAPEL DEL CAMPESINO, EL INDIGENA Y EL AFROCOLOMBIANO EN LA ACTUAL SOCIEDAD COLOMBIANA

Las economías campesinas, indígenas y afrocolombianas son motor de la producción nacional agropecuaria y pueden elevar su importancia en la economía nacional, con un adecuado apoyo estatal, máximo si tenemos en cuenta que:
Estas economías con solo el 14% del territorio son las responsables del 44% de la producción nacional.
Un incremento previsible en el ingreso per. Capita de los países de menor desarrollo relativo, además del crecimiento demográfico mundial, conducen a esperar un aumento de la demanda de alimentos que implica la necesidad de duplicar su oferta antes del año 2020.
Las ventajas que presentan las estructuras de producción para el autoconsumo por sus efectos positivos en términos de ingreso de la población rural y de la seguridad alimentaria.
Hoy somos aproximadamente 12 millones de pobladores rurales, los que podemos aportar mano de obra a los procesos de producción.
El proceso de toma de conciencia sobre las repercusiones ambientales hace prever que en el futuro deberá adoptarse una nueva forma de contabilizar los costos de producción agrícola, irrigando sus beneficios en los precios de éstos.
Lo anterior deja sin piso los argumentos que reducen a las economías campesinas a la marginalidad nacional.
El campesino, el indígena y el afrocolombiano, viene velando por la preservación del ecosistema, se ha demostrado que las medidas coercitivas institucionales han sido insuficientes e ineficientes a la hora de brindar una real protección al medio ambiente, también se ha visto como el campesino ha sido condenado por parte de algunos sectores de la opinión nacional como el responsable único y directo del deterioro del ecosistema, sin embargo es claro que éste ha sido víctima de una estructura agraria desigual, que lo a expulsado al borde de la frontera agrícola, dejándole como única alternativa su supervivencia a costa de la del hábitat natural que le rodea.  Así se ha establecido una dependencia natural entre campesinos, indígenas y afrocolombianos y ecosistema, en la cual la suerte del uno, va ligada a la del otro, así si al campesino no se le mejoran sus condiciones de vida a través del acceso a los activos productivos en el interior de la frontera agrícola, se le capacita en el manejo de los suelos de vocación forestal, y se le garantiza el acceso real a los servicios sociales, es imposible frenar el deterioro ambiental y sus posteriores consecuencias negativas para toda la sociedad.
 Por último, insistir en el actual modelo de desarrollo para el campo, sería ignorar el papel protagónico que el campesinado ha tenido y mantiene en el devenir histórico del país, y en el futuro de éste, máxime si se entiende en toda su dimensión la importancia de un eventual proceso de paz exitoso, y se identifican los actores de dicho proceso.
La pertinencia social del campesinado colombiano, se observa de forma directa a través de la cadena:

 Pobreza urbana à seguridad alimentaria à Producción agrícola

Por tal motivo, se hace urgente la redistribución de los activos productivos en el campo, para de esta manera hacer un uso eficiente de los recursos económicos del sector, pues la concentración de éstos conlleva a monopolios, que al fijar precios por encima de los costos marginales de producción, necesariamente se hacen ineficientes económicamente, incidiendo negativamente en los hogares de bajos ingresos urbanos .Desconociendo que los campaesinos, Indígenas y Afrocolombianos aportamos el 62% de la producción que garantiza la Seguridad Alimentaria del País.
El final de siglo, las nuevas realidades del entorno político, cultural y económico del mundo, conllevan necesariamente al replanteamiento de múltiples conceptos, entre ellos el de soberanía nacional; es así, como hoy por hoy se define a ésta como la capacidad de los ocupantes de un territorio  de enfilar sus esfuerzos concertadamente en torno a la construcción de un proyecto de sociedad libre, tolerante, equitativa y consciente de la ventaja que las diferencias culturales en su interior constituyen para su desarrollo.
Es por esto, que cada día se hace más relevante, en aras de la construcción de una verdadera soberanía, la comprensión y aceptación de las diferencias culturales existentes en el país, para de ésta manera poder hacer de ellas una ventaja en términos de diversidad y complejidad cultural de la sociedad colombiana, que facilite la construcción de una verdadera soberanía nacional

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO
PROPUESTAS  DE "ALIANZAS"  Y ALGUNAS CADENAS PRODUCTIVAS

Ante la crisis del sector el Gobierno lanza algunas propuestas, buscando fundamentalmente facilitarle espacio al gran capital en su estrategia de proletarizar al Campesino, al Indígena y a las comunidades Afrocolombianas:
Actualmente, ante la insuficiencia manifiesta del modelo, el Gobierno centra su discurso en las llamadas cadenas de producción que recogen algunos productos de la economía campesina. Lejos de analizar las relaciones sociales y los circuitos económicos, demográficos y sociales, el Gobierno avanza solamente hasta las "cadenas"  por producto. Se escogen principalmente productos dominados por gremios poderosos como el algodón, la palma africana y la avicultura industrial y se nos promete a los campesinos, indígenas y afrocolombianos empleo. 
En realidad es imposible que una administración local descentralizada sea eficiente y mucho menos  democrática, sin no se toca estructuralmente el  poder de los gamonales y su régimen de propiedad latifundista. La propiedad de la tierra se liga indisolublemente al clientelismo, el tráfico de votos y la violencia que determinan el resultado de la mayoría de las elecciones locales.  Para que haya una descentralización democrática en el sector rural es indispensable un movimiento campesino nacional, centralizado en una o algunas organizaciones nacionales y apoyado por un poder central democrático.
EL PLAN COLOMBIA COMO PLAN DE GUERRA Y  MANTENIMIENTO DEL STATU QUO
Los analistas del Plan Colombia no han dejado de insistir en la forma como este es adaptado a las necesidades del posible donante y del público. Una cosa es la versión para Estados Unidos que enfatiza en la lucha antinarcóticos y otra el discurso ante la Unión Europea sobre inversión social  Sin embargo cualesquiera que sea la versión que se estudie es posible descubrir unos elementos centrales:
- Teniendo en cuenta, que el negocio del narcotráfico mueve cerca de 50 mil millones de dólares en USA y Europa al año, que según el ejercito colombiano la guerrilla se lucra por cuidar los cultivos ilícitos de cerca de 500 millones de dólares al año y los cultivadores de los ilícitos de otros 500 millones de dólares, lo cual, sumando los beneficios de la guerrilla más los de los cultivadores (1000 millones de dólares) solo representa un 2% del total del negocio del narcotráfico por tanto resulta incoherente, diseñar un plan de tantas dimensiones para atacar un porcentaje tan mínimo.  Lo único que logrará esto, es que ante la represión los precios de los ilícitos se disparen en las calles de Frankfurt y Nueva York, lucrándose aún más los bancos extranjeros encargados de  lavar los dólares.
- La implantación de medidas para atraer la inversión extranjera y promover la expansión del comercio" fortaleciendo los tratados de protección de las inversiones foráneas y las disposiciones de libre importación de la OMC.
- Destrucción de los cultivos ilegales en el Putumayo y otras zonas del sur del país y sustitución por "proyectos productivos, principalmente cultivos permanentes....a través de alianzas estratégicas" entre inversionistas, grandes y pequeños propietarios que ofrezcan "oportunidades de empleo alternativo y servicios sociales a la población de las áreas de cultivo." El Plan se extendería a otras zonas del país en fases 2 y 3 posteriores.
- Restablecimiento del control militar en esas zonas y "modernización de las Fuerzas Armadas".
-Reforma institucional general, que incluiría la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
-La reactivación de la economía.

Estos proyectos vienen a contribuir en la división geografica de nuestra nación, poniendo en riesgo la unidad político social.
Dentro de este contexto que prioriza al Putumayo por razones estratégicas, el presidente Pastrana ha ido más lejos en las ofertas a los sectores privados extranjeros y nacionales: se reunió con los empresarios petroleros y de la electricidad en Houston y el 11 de febrero de 2000 anunció a los empresarios colombianos reunidos en el Congreso de Calidad, que solicitaría el ingreso al NAFTA y propondría una reforma constitucional para dar más libertad a las inversiones. En el caso de México esa reforma, concordante con el ingreso al NAFTA, incluyó la eliminación de la inalienabilidad de las tierras comunales y el subsiguiente levantamiento armado de los indígenas zapatistas.
Sin embargo, la más grande contradicción ocurre entre las expectativas que crea el Plan y la realidad colombiana y en particular la realidad militar. Una operación como la propuesta conduciría a una escalada de guerra. La situación de los últimos años, meses y días, muestra que la tarea militar no tiene ninguna garantía de éxito y es totalmente incierta. Los analistas nunca previeron que después de los acuerdos de paz con parte de la guerrilla en 1990 y 91, las guerrillas incrementarían su poder a los niveles de hoy. Una choque con su base social en el Putumayo podría fortalecer en gran escala su reclutamiento, como ha ocurrido en ciertas áreas de masacres de paramilitares o de fumigaciones y para completar, la guerrilla podría implantarse en las nuevas zonas donde marcharan los colonos en la selva, como ya sucede con en áreas nuevas de colonización donde marchan campesinos, indígenas y afrocolombianos desplazados por la violencia o las fumigaciones.
El escenario político regional es otra causa de incertidumbre, en especial la situación de Ecuador. La inestabilidad se extiende ahora a Perú y las movilizaciones populares a Bolivia. Una tempestad continental podría ocurrir, si se tienen en cuenta el fortalecimiento de la izquierda en México, Salvador, Brasil, Uruguay y Chile y la nueva estructura política de Venezuela. La escalada militar "antinarcóticos" en el Putumayo, es una aventura de desenlaces impredecibles e inesperados.
EL  Plan Colombia es una imposición, demostrada ya que en Estados Unidos el Parlamento se reunió por varias oportunidades a discutirlo, mientras que en Colombia fue inconsulto, y por ende punta a generar el escalonamientodel conflicto en contravía de la solución política negociada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario